10.7.2025
En mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un proceso formal para reducir de manera gradual la jornada laboral en México, con el objetivo de alcanzar un máximo de 40 horas semanales a más tardar en enero de 2030.
En los últimos años, la jornada laboral en México ha sido objeto de debate en diversos foros legislativos y laborales. Actualmente, el país se rige por un esquema de 48 horas laborales semanales, distribuidas en seis días, lo que lo coloca entre los países con las jornadas laborales más largas del mundo. Sin embargo, la creciente presión por parte de sindicatos y organizaciones internacionales ha llevado a que se propongan reformas que reduzcan esta jornada a 40 horas semanales, distribuidas en cinco días. Esta medida no solo busca adecuar el entorno laboral mexicano a estándares internacionales, sino que también pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar su productividad.
A nivel mundial, la tendencia hacia jornadas laborales más cortas ha demostrado beneficios significativos, tanto en términos de bienestar para los empleados como en el aumento de la eficiencia y la productividad de las empresas. Países como Suecia, Alemania y Dinamarca han implementado esquemas laborales reducidos, obteniendo resultados positivos en términos de equilibrio entre la vida personal y laboral. Ahora, México busca avanzar en esa dirección mediante una iniciativa de reforma que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Sin embargo, esta propuesta no está exenta de desafíos. La implementación de un cambio de esta magnitud requiere de una adaptación cuidadosa por parte de las empresas, que deberán reestructurar sus operaciones para ajustarse a las nuevas disposiciones legales. Además, la reforma plantea interrogantes sobre su impacto económico, especialmente en sectores como el manufacturero y de servicios, donde las horas de trabajo juegan un rol crucial en la competitividad.
En mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un proceso formal para reducir de manera gradual la jornada laboral en México, con el objetivo de alcanzar un máximo de 40 horas semanales a más tardar en enero de 2030. La estrategia contempla lograr un consenso amplio entre empleadores, trabajadores, sindicatos y especialistas, a través de una serie de foros regionales. Como parte de esta ruta, se llevarán a cabo seis foros entre el 19 de junio y el 7 de julio, cuyas conclusiones se integrarán en un documento final que será presentado el 14 de julio. Con base en estos resultados, el gobierno prevé presentar una iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre de 2025.
La reducción de la jornada laboral supone un cambio significativo en la forma en que las empresas mexicanas operan. Para las grandes compañías, la adaptación a un esquema de 40 horas semanales puede representar una inversión en términos de reorganización de procesos, contratación de personal adicional y ajustes en los modelos de productividad. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el impacto podría ser mayor, dado que sus márgenes operativos suelen ser más reducidos y los costos laborales, más significativos.
El plan de implementación contempla una reducción gradual de la jornada laboral en cinco etapas: se mantendrán las 48 horas semanales hasta 2026, para luego reducirse a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029, y finalmente alcanzar el límite de 40 horas semanales en 2030.
Las empresas que deseen adaptarse a este nuevo modelo deberán considerar varios factores operativos. Primero, deberán ajustar los horarios de trabajo para garantizar que la reducción de horas no afecte la productividad global de la empresa. Esto podría implicar la contratación de empleados adicionales para cubrir las horas que antes eran trabajadas por una plantilla más reducida.
Desde una perspectiva financiera, esta reforma también plantea interrogantes sobre el impacto en los costos laborales. Si bien la reducción de horas laborales puede traducirse en un aumento de la satisfacción y la retención de los empleados, también puede incrementar los gastos asociados con salarios, prestaciones y otros costos indirectos. Las empresas tendrán que evaluar cuidadosamente cómo este cambio afectará su rentabilidad y su capacidad para competir tanto a nivel nacional como internacional.
Como parte del proceso de consulta, se llevarán a cabo seis foros regionales en Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Querétaro y Quintana Roo. Estos encuentros contarán con la participación de representantes del sector privado, sindicatos, organizaciones sociales, académicos y organismos internacionales, y se desarrollarán entre el 19 de junio y el 7 de julio de 2025.
A pesar de los desafíos operativos y financieros que conlleva la reducción de la jornada laboral, existen beneficios importantes a largo plazo. Diversos estudios han demostrado que una jornada laboral más corta puede mejorar el bienestar general de los empleados, reduciendo los niveles de estrés y fatiga, y promoviendo un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Estos beneficios, a su vez, pueden aumentar la productividad, ya que los empleados tienden a ser más eficientes cuando tienen más tiempo para recuperarse y recargar energías fuera del trabajo.
Además, la implementación de una jornada de 40 horas podría posicionar a las empresas mexicanas como empleadores más atractivos en un mercado laboral cada vez más competitivo. En un entorno global donde los profesionales valoran cada vez más el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las empresas que ofrezcan jornadas laborales más cortas podrían tener una ventaja competitiva en la atracción y retención de talento.
La implementación de la reducción de la jornada laboral en México no sólo impactará la dinámica operativa de las empresas, sino también la estructura legal sobre la cual se sostienen las relaciones laborales. Desde una perspectiva jurídica, esta reforma exigirá modificaciones sustanciales en los contratos laborales, las políticas internas y los acuerdos que actualmente regulan las condiciones de empleo. La LFT deberá ser revisada y ajustada para reflejar el nuevo límite de horas laborales permitidas, reduciendo la jornada semanal de 48 a 40 horas.
La iniciativa contempla una reforma al artículo 123 de la Constitución para establecer un límite máximo de 40 horas semanales, así como dos días de descanso obligatorio por cada cinco trabajados. La propuesta también incluye que esta transición no implique una reducción salarial y que su aplicación se realice de forma progresiva, considerando el tamaño y la capacidad operativa de cada empresa.
Uno de los primeros desafíos para las empresas será la actualización de los contratos laborales vigentes. Estos contratos, que hoy en día estipulan una jornada de 48 horas semanales, deberán ser revisados y modificados para adecuarse a las nuevas disposiciones legales. Cualquier discrepancia entre las condiciones actuales y las nuevas normativas puede provocar disputas legales, por lo que es esencial que las empresas implementen los cambios de manera meticulosa.
Además, las políticas internas de cada organización también deberán ajustarse. Esto incluye la actualización de manuales de empleados, políticas de descanso, turnos, y cualquier otro procedimiento relacionado con la gestión del tiempo de trabajo. Las empresas tendrán la responsabilidad de garantizar que sus empleados estén plenamente informados sobre los cambios y comprendan cómo éstos afectarán su jornada laboral y sus derechos. La orientación legal será crucial para realizar esta transición de forma ordenada y asegurar el cumplimiento normativo, evitando sanciones o conflictos laborales.
Uno de los puntos más delicados en la reducción de la jornada laboral será la gestión de las horas extras. Actualmente, la LFT establece que cualquier hora trabajada por encima de las 48 horas semanales debe ser compensada con un pago adicional, equivalente al 100% o más del salario normal del trabajador. Con la nueva reforma, este umbral se reducirá a 40 horas semanales, lo que significa que las empresas tendrán que ser más cuidadosas en la asignación de tareas y la planificación del tiempo de sus empleados.
El incremento de horas extras podría representar un costo adicional significativo para las empresas, por lo que será necesario encontrar un equilibrio para cumplir con los objetivos operativos sin exceder las nuevas jornadas laborales. En algunos casos, esto podría traducirse en la contratación de personal adicional o en la reestructuración de los horarios de trabajo para distribuir las horas de manera más eficiente, minimizando la necesidad de horas extras.
El incumplimiento de estas nuevas disposiciones laborales podría conllevar sanciones severas para las empresas. De aprobarse la reforma, las organizaciones que no respeten las nuevas jornadas laborales o no compensen adecuadamente las horas extras podrían enfrentarse a multas, litigios laborales e incluso demandas colectivas. Por ello, es fundamental que las empresas establezcan mecanismos internos de supervisión y control que aseguren el cumplimiento de las normativas vigentes.
Un área clave será la implementación de sistemas avanzados de control de asistencia y horas trabajadas, que permitan monitorear con precisión las horas laboradas por cada empleado. Estos sistemas deberán estar alineados con las nuevas disposiciones de la LFT para evitar errores administrativos y conflictos legales.
Otra cuestión a considerar es el impacto que esta reforma tendrá en las negociaciones colectivas con los sindicatos. La reducción de la jornada laboral se convertirá, sin duda, en un tema central en los contratos colectivos de trabajo, lo que podría derivar en solicitudes adicionales por parte de los trabajadores o en ajustes a las condiciones laborales ya acordadas.
Es probable que los sindicatos busquen garantizar que la reducción de la jornada no afecte negativamente los salarios ni las prestaciones de los empleados. Esto podría agregar una capa adicional de complejidad en las negociaciones laborales, obligando a las empresas a balancear cuidadosamente sus decisiones operativas y financieras para cumplir con las nuevas disposiciones y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas de sus trabajadores.
La relación entre la reforma de la jornada laboral y la lucha contra la explotación laboral es un aspecto clave a considerar. En junio de 2024, se promulgó una reforma importante a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas (Ley Contra la Trata), que amplía la definición de explotación laboral en México. Con esta reforma, las jornadas laborales excesivas que superen los límites establecidos por la LFT son consideradas una forma de explotación, marcando un avance significativo en la protección de los derechos laborales y humanos.
Con la posible reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, las empresas deberán ser aún más cautelosas en el cumplimiento de estos nuevos límites. Anteriormente, las jornadas largas no siempre se consideraban explotación, pero con la reforma, cualquier empresa que imponga horas de trabajo más allá de los límites legales, sin la debida compensación o autorización, corre el riesgo de ser acusada de explotación laboral bajo el marco de la trata de personas.
Esta nueva interacción entre la Ley Contra la Trata y la LFT pone bajo un mayor escrutinio las horas trabajadas. Las empresas deberán asegurarse no sólo de cumplir con la LFT, sino también de respetar los derechos humanos de sus empleados. Exceder las jornadas laborales permitidas podría llevar a sanciones severas, por lo que las empresas que anteriormente dependían de prácticas de prolongación no remunerada de jornadas tendrán que replantear sus estrategias para evitar infracciones graves y posibles consecuencias legales.
La reducción de la jornada laboral no solo afectará a las empresas y a los trabajadores, sino también a la economía en general. Desde una perspectiva macroeconómica, el cambio a un esquema de 40 horas semanales podría tener implicaciones importantes para la productividad, la competitividad y el crecimiento económico del país. Si bien algunos expertos han señalado que la reducción de horas laborales podría representar un obstáculo para ciertos sectores, como el manufacturero y el de servicios, otros argumentan que el cambio podría estimular la contratación y el empleo.
Para mitigar los efectos negativos en las empresas, el gobierno federal ha propuesto implementar programas de apoyo dirigidos especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Estos esquemas podrían incluir subsidios, facilidades administrativas y una implementación escalonada de la reforma, permitiendo que las organizaciones se adapten gradualmente sin comprometer su estabilidad.
El éxito de estos programas dependerá en gran medida de la colaboración entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. Será necesario diseñar políticas que fomenten la adaptación empresarial, al mismo tiempo que se protege el bienestar de los empleados. En este contexto, los abogados laboralistas tendrán un papel clave, asesorando a las empresas sobre cómo cumplir con las nuevas regulaciones y aprovechar los programas de apoyo disponibles.
Uno de los efectos esperados de la reducción de la jornada laboral es un posible incremento en la contratación de personal. Al reducir las horas de trabajo semanales, muchas empresas podrían verse obligadas a contratar empleados adicionales para cubrir las horas que antes eran realizadas por un menor número de trabajadores.
Este aumento en la contratación podría suponer un reto para las empresas que operan con márgenes de ganancia más estrechos. Para estas organizaciones, el costo de contratar más personal podría ser prohibitivo, lo que las llevaría a buscar otras alternativas, como la automatización de procesos o la externalización de ciertas actividades. En cualquier caso, la reforma laboral representa una oportunidad para las empresas de evaluar sus estructuras organizativas y explorar nuevas formas de operar de manera más eficiente.
La implementación de la reforma a la jornada laboral conlleva una serie de ajustes importantes que las empresas deberán realizar para adaptarse a este nuevo entorno normativo. Esto implica revisar y actualizar diversos aspectos internos, desde contratos laborales hasta políticas y esquemas de compensación, asegurándose de que todo se alinee con las nuevas disposiciones de la LFT. Las empresas tendrán que examinar cuidadosamente sus estructuras internas para garantizar que las modificaciones se implementen de manera adecuada, evitando posibles incumplimientos o conflictos legales en el futuro.
Cada empresa necesitará llevar a cabo un análisis detallado de sus operaciones y estructura organizativa para garantizar que la reducción de la jornada laboral no afecte sus procesos de manera significativa. Las áreas de recursos humanos jugarán un papel clave en este proceso, pues serán responsables de gestionar los nuevos horarios, asegurar el cumplimiento de la normativa y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia en las operaciones.
Es fundamental que las empresas cuenten con asesoría legal especializada desde las primeras fases del proceso. Esto les permitirá anticiparse a los cambios, actualizar contratos y políticas internas de forma ordenada, y reducir el riesgo de contingencias jurídicas o laborales.
Además de las cuestiones estrictamente legales, también será fundamental evaluar el impacto financiero y operativo que la reforma podría generar, especialmente en lo que respecta a la gestión de las horas extras y la posible necesidad de personal adicional. Resultará imprescindible diseñar estrategias que reduzcan estos efectos y garanticen que la empresa pueda ajustarse a las nuevas normativas sin comprometer su rentabilidad.
En conclusión, la transición hacia una jornada laboral reducida requiere un enfoque estratégico y un soporte legal adecuado, ya que las empresas deben garantizar que todos los aspectos de su operación y organización cumplan con las nuevas disposiciones legales, minimizando cualquier riesgo asociado a este cambio normativo.
La reducción de la jornada laboral en México está lejos de ser una realidad inmediata, pero sin duda seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda legislativa y en las discusiones empresariales. Esta propuesta, impulsada por la necesidad de alinear las condiciones laborales del país con estándares internacionales, aún deberá superar varios obstáculos antes de su implementación definitiva. No obstante, su relevancia en el debate público refleja una creciente conciencia sobre la importancia de equilibrar el bienestar de los trabajadores con las exigencias del mercado laboral.
A medida que la iniciativa avance, será fundamental que empresas y trabajadores se preparen para los ajustes que implicará su eventual implementación. Para las empresas, la anticipación será clave para ajustar sus procesos internos, políticas de contratación y esquemas de compensación de manera efectiva. Al mismo tiempo, los trabajadores deberán mantenerse informados sobre cómo estos cambios impactarán sus derechos laborales y condiciones de trabajo.
Desde el punto de vista de las empresas, la reducción de la jornada laboral plantea desafíos importantes, particularmente en términos de adaptación legal, operativa y financiera. Sin embargo, también ofrece oportunidades significativas para mejorar la satisfacción de los empleados, aumentar la productividad y promover un entorno laboral más saludable y equilibrado. Un esquema de trabajo más flexible podría ayudar a atraer y retener talento, reducir los niveles de estrés y mejorar el rendimiento general de los equipos.
La implementación exitosa de esta reforma dependerá, en gran medida, de la capacidad de las empresas para adaptarse de manera eficiente a los nuevos requisitos legales y operativos. Aquellas que logren hacerlo no solo cumplirán con la ley, sino que también podrán beneficiarse de un entorno laboral más productivo y armónico, posicionándose mejor en el competitivo mercado laboral mexicano e internacional.
Aunque la reducción de la jornada laboral ya fue aprobada en comisiones legislativas en 2023, la discusión en el pleno del Congreso aún está pendiente. Se espera que la iniciativa formal sea presentada el 1 de septiembre de 2025, una vez finalizados los foros de consulta y elaborado el documento técnico con sus conclusiones.
El objetivo declarado por el Gobierno Federal es que la jornada máxima de 40 horas entre en vigor a nivel general en enero de 2030. No obstante, si los acuerdos alcanzados en los foros y el proceso legislativo avanzan con mayor celeridad, su adopción podría anticiparse.
COMPARTIR
.svg)
.svg)
.svg)
noticias
Explora contenido que abarca desde novedades legales hasta análisis estratégicos en áreas clave para mantenerte informado sobre los temas que pueden impactar a tu negocio.
Leer artículo
.jpg)
Leer artículo
Leer artículo
CONTACTO
Estamos aquí para transformar tus retos en oportunidades. Contáctanos y descubre cómo nuestras soluciones pueden impulsar el éxito y resiliencia de tu negocio.
faq
Nuestros artículos buscan proporcionar distintas perspectivas sobre temas legales y empresariales de alta relevancia, brindando a los lectores información clave para tomar decisiones informadas.
No, todo el contenido es gratuito y está disponible para consulta pública.
Sí, envíanos tus ideas a través de nuestro formulario de contacto.
Los artículos abordan una amplia gama de temas relevantes en el ámbito legal y empresarial, incluyendo ESG, ciberseguridad, gestión de crisis, continuidad operativa y otros aspectos estratégicos clave.
Nuestro equipo de expertos en derecho, consultoría y estrategia empresarial.
Sí, suscríbete a nuestro boletín para recibir los últimos artículos.
Get weekly updates on the newest cloneable websites right in your mailbox.
.svg)
.webp)
